La segunda licencia para la apertura de centros comerciales desaparecerá en 2010

[Guillote]

La directiva europea de servicios va a cambiar muchas normativas en todos los países comunitarios. En España, dentro del ámbito de servicios más de 60 leyes y 2.360 normas se verán alteradas, aunque una llama significativamente la atención: la potestad que tienen hasta ahora -desde la ley de Comercio de 1996- todas las comunidades autónomas de fijar una segunda licencia para la apertura de grandes superficies comerciales. Con la directiva, esta potestad desaparecerá.
La subsecretaria de Comercio Interior, María Teresa Sánchez Armas, explicó a este periódico que la citada normativa de 1996 reconocía en su artículo 2.3 que «las comunidades autónomas establecerán los requisitos, en virtud de los cuales se otorgará la calificación de gran establecimiento», a lo que se agregaba que «tendrán esta consideración, a efectos de las autorizaciones y de lo establecido en la normativa mercantil, los establecimientos comerciales, que destinándose al comercio al por menor de cualquier clase de artículos, tengan una superficie útil para la exposición y venta al público superior a los 2.500 metros cuadrados».
Partiendo de este postulado, cada autonomía aplicó estas consideraciones según sus propias circunstancias. En un estudio por comunidad, se observa cómo cada autonomía fija sus propios requisitos, sin atender a más criterios que el número de habitantes para autorizar la construcción de determinados metros cuadrados de zona comercial. Un criterio que se aplicaba en cada región de forma diferente y oscilaba entre los 400 metros cuadrados y los 2.500 metros cuadrados de centro comercial.
Hasta moratorias
Incluso algunas comunidades decidieron aplicar una moratoria para que no se construyera. Así, Cataluña ha estado más de once años sin conceder una sola licencia, decisión que acaba de cambiarse con el último plan de equipamientos comerciales, y ya en previsión de lo que dicta la directiva comunitaria para que desaparezca la segunda licencia. En el caso de Baleares continúa.
Según explica a ABC la subsecretaria de Comercio Interior, cuando entre en vigor la directiva de servicios, los únicos motivos que se podrán alegar para impedir que se dejen de abrir grandes centros comerciales son medioambientales y arquitectónicos.
Con este cambio impuesto por Bruselas, desde Anged -la patronal de las grandes distribuidoras-, se asegura que con carácter general la supresión de la segunda licencia va a «contribuir a introducir competitividad en el sector, al favorecer la libre competencia».
Las mismas fuentes explican que será el mercado y, sobre todo el consumidor, el que va a decidir «qué formato cubre mejor sus necesidades».
Desde Anged se recuerda que la propia Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está convencida de que con la actual normativa sólo se favorece a quienes ya están establecidos. Por tanto, recalcan en Anged, «la segunda licencia impide artificialmente la competencia, al no dejar que entren nuevos operadores».
Fases a seguir
De acuerdo con los pasos dados hasta ahora para la puesta en marcha de la directiva de servicios en nuestro país, Sánchez Armas confirma que el plazo de transposición de la directiva termina en diciembre de 2009. Para esa fecha «tiene que estar toda la legislación cambiada», y aplicándose. En lo que afecta al sector de comercio, el Ministerio de Economía y Hacienda está dando las pautas a seguir. El pasado mes de abril se dio por finalizada la primera fase, dedicada a «identificar la normativa» que se iba a ver afectada. En la actualidad los trabajos se encuentran en su segunda fase, cuyo fin es evaluar «qué se va a cambiar» hasta que se alcance el plazo de 2009, y que el Gobierno regional introduzca los cambios pertinentes.
En el caso de la segunda licencia, la subsecretaria de Comercio Interior confirma que «salvo Ceuta y Melilla, todas las comunidades están afectadas» y no sólo para el establecimiento de grandes superficies, sino también de tamaño mediano o aperturas específicas como centros de bricolage.
La explicación es que cuando se aprobó en 1996 la Ley de Comercio, esta medida perseguía defender al pequeño comercio para que no desapareciera, sin embargo ha tenido cierto efecto perverso, ya que hubo un desarrollo masivo de todas las comunidades, en función del número de habitantes se fueron reduciendo los metros cuadrados destinados a la actividad comercial.
La normativa europea, no obstante, poco más va a modificar en el sector de comercio y distribución, ya que no va afectar a los horarios de apertura, ni a las rebajas ni a la promoción de ventas. El Parlamento Europeo sólo pretende eliminar los obstáculos a la libertad de establecimiento en esta actividad económica.
Burocracia administrativa
Otros cambios se refieren a la burocracia administrativa, ya que se exige a todos los Estados que simplifiquen los requisitos, así como que creen la «ventanilla única» hasta que desaparezcan las discriminaciones basadas en la nacionalidad, incluida la eliminación de las «autorizaciones discriminatorias».
Los expertos de la UE están convencidos que con la aplicación de esta directiva aumentará el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona.

http://www.abc.es/20080908/economia-economia/segunda-licencia-para-apertura-20080908.html

[angelevantina]

LA SEGUNDA LICENCIA DE APERTURA DE CENTROS COMERCIALES DESAPARECERA EN EL 2010


La directiva europea de servicios va a cambiar muchas normativas en todos los países comunitarios. En España, dentro del ámbito de servicios más de 60 leyes y 2.360 normas se verán alteradas, aunque una llama significativamente la atención: la potestad que tienen hasta ahora -desde la ley de Comercio de 1996- todas las comunidades autónomas de fijar una segunda licencia para la apertura de grandes superficies comerciales. Con la directiva, esta potestad desaparecerá.
La subsecretaria de Comercio Interior, María Teresa Sánchez Armas, explicó a este periódico que la citada normativa de 1996 reconocía en su artículo 2.3 que «las comunidades autónomas establecerán los requisitos, en virtud de los cuales se otorgará la calificación de gran establecimiento», a lo que se agregaba que «tendrán esta consideración, a efectos de las autorizaciones y de lo establecido en la normativa mercantil, los establecimientos comerciales, que destinándose al comercio al por menor de cualquier clase de artículos, tengan una superficie útil para la exposición y venta al público superior a los 2.500 metros cuadrados».
Partiendo de este postulado, cada autonomía aplicó estas consideraciones según sus propias circunstancias. En un estudio por comunidad, se observa cómo cada autonomía fija sus propios requisitos, sin atender a más criterios que el número de habitantes para autorizar la construcción de determinados metros cuadrados de zona comercial. Un criterio que se aplicaba en cada región de forma diferente y oscilaba entre los 400 metros cuadrados y los 2.500 metros cuadrados de centro comercial.
Hasta moratorias
Incluso algunas comunidades decidieron aplicar una moratoria para que no se construyera. Así, Cataluña ha estado más de once años sin conceder una sola licencia, decisión que acaba de cambiarse con el último plan de equipamientos comerciales, y ya en previsión de lo que dicta la directiva comunitaria para que desaparezca la segunda licencia. En el caso de Baleares continúa.
Según explica a ABC la subsecretaria de Comercio Interior, cuando entre en vigor la directiva de servicios, los únicos motivos que se podrán alegar para impedir que se dejen de abrir grandes centros comerciales son medioambientales y arquitectónicos.
Con este cambio impuesto por Bruselas, desde Anged -la patronal de las grandes distribuidoras-, se asegura que con carácter general la supresión de la segunda licencia va a «contribuir a introducir competitividad en el sector, al favorecer la libre competencia».
Las mismas fuentes explican que será el mercado y, sobre todo el consumidor, el que va a decidir «qué formato cubre mejor sus necesidades».
Desde Anged se recuerda que la propia Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está convencida de que con la actual normativa sólo se favorece a quienes ya están establecidos. Por tanto, recalcan en Anged, «la segunda licencia impide artificialmente la competencia, al no dejar que entren nuevos operadores».
Fases a seguir
De acuerdo con los pasos dados hasta ahora para la puesta en marcha de la directiva de servicios en nuestro país, Sánchez Armas confirma que el plazo de transposición de la directiva termina en diciembre de 2009. Para esa fecha «tiene que estar toda la legislación cambiada», y aplicándose. En lo que afecta al sector de comercio, el Ministerio de Economía y Hacienda está dando las pautas a seguir. El pasado mes de abril se dio por finalizada la primera fase, dedicada a «identificar la normativa» que se iba a ver afectada. En la actualidad los trabajos se encuentran en su segunda fase, cuyo fin es evaluar «qué se va a cambiar» hasta que se alcance el plazo de 2009, y que el Gobierno regional introduzca los cambios pertinentes.
En el caso de la segunda licencia, la subsecretaria de Comercio Interior confirma que «salvo Ceuta y Melilla, todas las comunidades están afectadas» y no sólo para el establecimiento de grandes superficies, sino también de tamaño mediano o aperturas específicas como centros de bricolage.
La explicación es que cuando se aprobó en 1996 la Ley de Comercio, esta medida perseguía defender al pequeño comercio para que no desapareciera, sin embargo ha tenido cierto efecto perverso, ya que hubo un desarrollo masivo de todas las comunidades, en función del número de habitantes se fueron reduciendo los metros cuadrados destinados a la actividad comercial.
La normativa europea, no obstante, poco más va a modificar en el sector de comercio y distribución, ya que no va afectar a los horarios de apertura, ni a las rebajas ni a la promoción de ventas. El Parlamento Europeo sólo pretende eliminar los obstáculos a la libertad de establecimiento en esta actividad económica.
Burocracia administrativa
Otros cambios se refieren a la burocracia administrativa, ya que se exige a todos los Estados que simplifiquen los requisitos, así como que creen la «ventanilla única» hasta que desaparezcan las discriminaciones basadas en la nacionalidad, incluida la eliminación de las «autorizaciones discriminatorias».
Los expertos de la UE están convencidos que con la aplicación de esta directiva aumentará el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona.

[Guillote]

No será de obligado cumplimiento hasta el 1 de enero de 2010, pero las administraciones públicas negocian ya la transposición de sus preceptos a la legislación española. La Directiva 2006/123 EC, aprobada por el Parlamento y el Consejo europeos y conocida de forma coloquial como Bolkestein, comienza a dejar sentir sus efectos en uno de los ámbitos más afectados por su regulación, el comercial.

Esta normativa, cuyo objetivo es facilitar el establecimiento de empresas en los estados miembros y agilizar, a través de la ventanilla única, los trámites administrativos, impedirá a las comunidades autónomas españolas limitar la promoción de centros comerciales en sus territorios por cuestiones económicas o demográficas. Las regiones, muy restrictivas en su mayoría a la implantación de estos complejos desde que recibieran las competencias en la materia, no podrán, si se cumple el espíritu de la directiva, hacer uso de la llamada segunda licencia para vetar su establecimiento, algo que viene sucediendo desde 1996 y que, a juicio de algunos expertos, provoca una gran «inseguridad jurídica» ya que dota a los gobiernos regionales de la capacidad de decidir sobre proyectos en contra de lo estipulado en los Planes Generales de Ordenación Urbana.

Junto a la simplificación de procedimientos, la directiva, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2006 y establece un plazo de tres años para que los países de la UE adopten las medidas legislativas oportunas, homogeneizará las legislaciones autonómicas, una de las principales reclamaciones de un sector condicionado, hasta ahora, por tantas diferencias de criterio como comunidades. Así lo estima el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ángel Allué, que acaba de anunciar que el Gobierno prepara una modificación de la Ley de Comercio. La industria, reunida durante tres días la pasada semana, ve con muy buenos ojos una norma que podría suponer el aumento tanto de los proyectos como de la Superficie Bruta Alquilable (SBA) anunciada para los próximos años en España.

La puesta en marcha de parques de medianas y de centros de ocio dirigidos a las familias son dos de las tendencias del sector, que apuesta también por singularizarse con infraestructuras tematizadas y de arquitectura llamativa en busca de crear una identidad que asemeje el segmento al de otros países de Europa Occidental.

En clara expansión a lo largo y ancho del territorio nacional, el segmento de 'retail' está de enhorabuena. Y eso pese a no poder sustraerse de una coyuntura económica que ha obligado a las principales empresas del sector a revisar algunos de los proyectos previstos. Sus responsables, reunidos la pasada semana en Zaragoza con motivo del congreso que organiza cada dos años la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), confían en que los vientos de cambio anunciados desde Bruselas atemperen el clima de turbulencia financiera que enfría -también, aunque menos- sus inversiones.

La eliminación de barreras y trabas administrativas -con la implantación de la ventanilla única- en el mercado de servicios de la Unión Europea que consagra la Directiva 2006/123 EC -conocida como Bolkestein por el nombre del comisario que la impulsó-, de obligado cumplimiento para los países miembros a partir del 1 de enero de 2010, supondrá la eliminación de las restricciones de naturaleza económica y demográfica para la implantación de estas superficies que han esgrimido, hasta ahora, algunas comunidades autónomas.

El texto, cuya transposición a la legislación española ocupa en estos momentos a representantes del Ejecutivo y de las administraciones regionales y locales, acorta los procesos de apertura al dejar sin efecto la llamada segunda licencia comercial, precisamente la que han de otorgar las autonomías. Este requisito, específico de la normativa española desde 1996 y que muy pocos en la industria entendían, provoca, a juicio de algunos expertos, una gran inseguridad jurídica, ya que otorga a los gobiernos regionales capacidad de decidir al margen de lo establecido en los Planes Generales de Ordenación Urbana.

La adecuación a la Bolkestein de la normativa española implicará «una modificación de la Ley de Comercio que marcará las pautas que permitan a las comunidades autónomas legislar de manera coherente y homogénea», manifestaba hace unos días el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ángel Allué. Esta armonización de los requisitos en todo el territorio nacional, una de las principales demandas del sector, es imprescindible para dar «permeabilidad» y «atractivo» a los mercados, dos de los objetivos de la directiva. «Mejorar la competitividad, transparencia y modernización» del segmento comercial son otras de sus ventajas, como también apuntaba Allué. La mayor diversidad de empresas que podrán acceder al mercado español, la presencia de nuevos competidores y la promoción de un número más elevado de establecimientos que propiciará son los beneficios que señalaba, por su parte, la subdirectora general de Comercio Interior, Teresa Sánchez.

La nueva regulación acortará los tiempos para la obtención de las concesiones y pondrá fin a las importantes diferencias que, para la implantación de estas infraestructuras, existen a día de hoy en España. Una diversidad normativa que condiciona a los promotores a la hora de invertir. «Se trata de dinero y esfuerzo, hay que tomarlo en consideración», ponía de relieve el consejero delegado de Altarea España, Christophe Mouton, muy crítico con «la diferencia de criterio» entre regiones.

A pesar de que desde su entrada en vigor las regiones no podrán utilizar la limitación por población o metros cuadrados de superficie comercial en el área de influencia de los futuros centros como argumento a la hora de denegar un permiso, sí podrán apelar a cuestiones de planeamiento urbanístico y medioambientales. Éste es, quizá, el único 'pero' que se pone desde el empresariado a una norma cuya llegada aplaude. «La regulación se ha acogido con mucha esperanza», comenta Teresa Sánchez.


Jurisdicción europea

La responsable ministerial asegura que todas las comunidades españolas deberán adaptarse, pero sin duda algunas habrán de hacerlo en mayor medida. En la mente de todos están, por ejemplo, las denuncias del Tribunal Europeo de la Competencia que, en un informe elaborado en 2003, clamaba contra algunas regiones por aprovechar la transferencia de competencias en materia de comercio interior para, además de implantar las llamadas moratorias comerciales, que impedían la apertura de centros durante varios años -11 ha estado la Generalitat sin otorgar licencia alguna-, imponer «cuotas máximas en el mercado olvidando el desarrollo de la libre competencia». La instancia jurisdiccional comunitaria reclamaba, ya entonces, reformas legislativas para lograr mayor flexibilidad.

Cataluña -una de las autonomías más 'limitadoras', junto a Baleares- decidió no escuchar sus conclusiones y el pasado mes de abril Bruselas anunció que llevaría ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo su plan de equipamientos comerciales por los obstáculos con los que condiciona la apertura de nuevas superficies al no respetar el artículo 43 del Tratado Europeo sobre la libertad de establecimiento. Dos meses después, la Comisión abría otro expediente contra España en este caso por el sistema de licencias andaluz.

En un panorama donde la mayoría de las administraciones regionales han apostado por el modelo restrictivo, entre las excepciones destaca Madrid, que se ha 'puesto las pilas' para adaptarse a la Bolkestein. Ha trascendido que Cataluña, cuyo departamento jurídico estudia cómo hacer frente a la directiva, según fuentes del sector, podría poner fin al cupo que limita la instauración de grandes superficies con el argumento de equilibrar el espacio comercial con los pequeños negocios. Frente a un modelo en el que primaba la demografía a la hora de otorgar una licencia, la Generalitat intentará ahora apelar a otros criterios como la movilidad y planificación urbanística y la preservación del medio ambiente.

Mientras, la Asamblea de Madrid aprobaba el pasado mes de junio la medida de liberalizar los horarios comerciales dentro de la Ley de Modernización del Comercio y su Gobierno ha apostado por simplificar los trámites para la concesión de licencias. Una decisión «brillante, valiente y consciente» a juicio del presidente de la AECC, Javier García-Renedo, con la que busca «satisfacer las demandas de los ciudadanos».

La industria celebró su XI Congreso los pasados 17, 18 y 19 de septiembre en Zaragoza. Precisamente en la capital aragonesa se acaba de iniciar la segunda fase de las obras del que será el mayor centro comercial y de ocio de Europa, Puerto Venecia, que, con más de 206.000 metros cuadrados de SBA, abrirá sus puertas en 2010. Una prueba de la pujanza del sector en España. Menos afectado por la situación del inmobiliario que otros segmentos, el 'retail' se enfrenta, eso sí, a una más que probable bajada del consumo que puede provocar 'matizaciones' en los planes de expansión de algunas marcas.

La puesta en marcha de proyectos se medita más que antes, reconocían varios de los profesionales presentes en la cita, de ahí que su propósito número uno pase ahora por mantener el nivel de afluencia actual. Las previsiones que manejan sitúan las aperturas en torno a las 25 anuales, con unos 800.000 metros cuadrados de nueva SBA. Una cifra que podría aumentar gracias a la directiva Bolkestein.

http://www.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2008/553/1222380003.html

[qweengrhg]

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